martes, 27 de mayo de 2014

Una de cada cinco personas en España vive por debajo del umbral de la pobreza

Una de cada cinco personas en España vive por debajo del umbral de la pobreza
El 20,4% de la población española, uno de cada cinco habitantes, vive por debajo del umbral de la pobreza, frente al 20,8% de 2012, un descenso que no responde a una mejora de la situación sino que se explica porque al disminuir los ingresos de la población también lo hace el límite que marca el riesgo de pobreza.

Además, esa mínima reducción de la tasa también se explica por el efecto de la estabilidad de los ingresos de los mayores de 65 años (cuyo riesgo de pobreza se reduce en 2,1 puntos hasta el 12,7%), ya que sus pensiones permanecen estables pese a los menores ingresos del resto de la población.

Por el contrario, la de los menores de 16 años se elevó hasta el 26,7%, lo que indica que más de uno de cada cuatro niños residentes en España está en riesgo de pobreza, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el porcentaje de la población española que vive en riesgo de pobreza (20,4%) se eleva hasta el 27,3% si se utiliza el indicador AROPE (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión) que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea.

Este indicador, además del riesgo de pobreza, tiene en cuenta la baja intensidad de empleo en los hogares y la carencia material severa, como no poder ir de vacaciones, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder calentar la vivienda, no poder tener coche, lavadora o teléfono, o no disponer de 650 euros para gastos imprevistos, entre otros factores.

Baja el umbral de pobreza

Según el INE, en 2013 los ingresos que marcan el umbral de pobreza de una persona se situó en 8.114 euros, y en 17.040 para los hogares compuestos por dos adultos y dos menores, frente a los 8.321 y 17.473 euros, respectivamente, de 2012.

En 2012 (año al que corresponden los datos de la encuesta de 2013) los hogares españoles tuvieron unos ingresos medios anuales de 26.775 euros, un 3,5% menos que un año antes, una cifra que ya acumula cuatro bajadas consecutivas desde los 30.045 euros que percibían en 2008.

La encuesta arroja otros datos preocupantes, como que el 16,9% de los hogares llega a fin de mes con "mucha dificultad", un porcentaje que ha crecido en 3,4 puntos, al tiempo que el 41% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

Casi la mitad de los hogares (45,8%) no puede ir de vacaciones ni una semana al año y el 9,3% tiene retrasos en los pagos relacionados con su vivienda (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad...), un porcentaje que, como todos los anteriores, ha aumentado respecto a 2012.

La formación también influye en la tasa de riesgo de pobreza que afecta al 25,1% de la población con educación primaria o inferior y se reduce hasta el 8,5% en quienes tienen educación superior. En 2013, el 38% de las personas que vivían en hogares formados por un adulto con hijos dependientes a cargo también estaba en riesgo de pobreza.

En el caso de los parados el riesgo de pobreza afectaba al 39,9% mientras que en los ocupados se reduce al 11,7%. Según la nacionalidad, la tasa se situó en el 16,5% para los españoles, en el 35,1% para los extranjeros de la Unión Europea y en el 47,8% para quienes no eran de la UE.

El INE explica en la encuesta que, si se imputa a cada hogar un cálculo aproximado de un pago mensual de alquiler o hipoteca, la tasa general de pobreza se reduce al 18,7% en 2013 (6,8% para los mayores de 65 y 27,2% para los menores de 16 años).

Por otro lado, indica que se ha modificado el método de cálculo de los ingresos del hogar de modo que ahora se incluyen los datos que las Administraciones tienen de los ciudadanos, y se han actualizado las cifras desde 2009, por lo que no se pueden establecer comparaciones con ejercicios anteriores. "La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad, no mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población", explica el INE.

EFE

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martes, 1 de enero de 2013

La corrupción salpica a más de 300 políticos españoles presuntamente implicados

Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza, seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia. Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankiao la Caja de Ahorros del Mediterráneo(CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.

Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno --como el exministro José Blanco, relacionado con la «Operación Campeón»--, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.

Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y exaltos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato. Entre las operaciones en marcha destacan casos como el Instituto Noós y «Over Marketing».

También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes autonómicas hay nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción, mientras que Pedro Hernández renunció a su escaño el pasado día 4 tras ser condenado a tres años de prisión por su gestión al frente del ayuntamiento de Torrevieja.

Hace pocas semanas dimitió también en la Comunidad Valenciana José Manuel Vela como conseller de Hacienda por la presunta filtración de un documento que había pedido el juzgado. Diversos exaltos cargos de la administración de Francisco Camps están implicados también en los numerosos casos abiertos en la comunidad, entre los que destacan investigaciones tan importantes como la operación Gürtel o el caso Noós.

Otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses es el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70 personas entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social, un exparlamentario socialista o el exdelegado provincial de Empleo.

Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de exalcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A estos se suman varias decenas de concejales también implicados en estos escándalos locales. La mayoría de los regidores municipales están imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas. Así, destacan los casos Pretoria o Mercurio, abiertos en Cataluña, o Gürtel, en la Comunidad de Madrid

En algunos casos, la corrupción afecta al seno de los partidos políticos. En Cataluña está abierto el caso Millet, que estudia la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música y del enriquecimiento de la cúpula de esta centenaria institución cultural barcelonesa.

Dentro de los casos que están siendo investigados en España hay que destacar los del Bankia y la CAM, en los que están imputados exmiembros de sus consejo de administración que han ostentado cargos públicos, entre ellos los exministros Rodrigo Rato y Ángel Acebes, exsecretarios de Estado, exdiputados o exalcaldes. También está en manos de la Audiencia Nacional investigaciones sobre el Banco de Valencia, Novacaixa Galicia y Caja Castilla-La Mancha.

EUROPA PRESS

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Una cuesta de enero con servicios y productos básicos más caros

El año nuevo comienza con mal pie para el bolsillo de los usuarios, que deberán afrontar la cuesta de enero con subidas de precios en productos y servicios básicos, como la luz o los transportes, que, en la mayoría de los casos, superarán a la revalorización de pensiones y salarios.

La factura eléctrica de los hogares y pymes acogidos a la tarifa regulada (denominada TUR), unos 17 millones, se encarecerá sensiblemente, en torno al 3% de media. Por el contrario, el Gobierno ha decidido congelar la TUR del gas natural, en tanto que la bombona de butano, que aún se utiliza en ocho millones de viviendas, se mantendrá en 16,1 euros.

Los peajes de las autopistas de pago dependientes del Estado se incrementarán de media un 2,4%, mientras que en las que dependen de las comunidades autónomas el aumento medio será del 3,3%, según datos de las concesionarias, si bien en Cataluña se alcanzará el 3,5%.

Los ciudadanos que opten por viajar en tren pagarán el 3% más de media cuando cojan un Cercanías o hagan un trayecto de media distancia, en tanto que el AVE recortará sus precios, tal y como anunció la ministra de Fomento, Ana Pastor, aunque no detalló la cuantía de la rebaja.

En el caso de las aerolíneas, las tasas aeroportuarias se incrementarán en el conjunto de los 47 aeropuertos españoles una media del 6,3%, lo que supone un recargo por plaza de 0,85 euros.

Correos elevará sus tarifas una media del 2,95%. Enviar una carta ordinaria de hasta 20 gramos dentro de España, el servicio más demandado, costará 0,37 céntimos, el 2,78% más.

Por su parte, Telefónica podrá subir la cuota de abono —fijada desde 2008 en 13,97 euros— en un máximo del IPC de 2012, después de que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones haya liberalizado este servicio.

Una de las principales medidas que afectará al bolsillo de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid es el pago de un euro por cada receta médica desde el próximo día 1, una medida que ya se aplica en Cataluña, aunque está recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.

En Cataluña, las tarifas del transporte público aumentarán una media del 2,7 %, aunque el abono-transporte de diez viajes, la tarjeta T-10 —la más utilizada en la comunidad— aumentará un 3,7%.

En cuanto a las grandes ciudades, en Madrid subirá el agua (4,2%), el IBI (6,9%) y también la zona azul de aparcamiento (2,47%), mientras que desde enero, contraer matrimonio por lo civil los sábados costará 120 euros tras la creación de una nueva tasa. En Barcelona la subida del agua será muy superior, el 18%.

En Bilbao, aparcar en la calle costará el 5,2% más y las tasas por servicios funerarios repuntarán el 4,5%, mientras que en San Sebastián el billete sencillo de autobús subirá el 5%.

En Sevilla, veinte tasas municipales subirán el 3% y otras como el aparcamiento en zona azul, la grúa y el transporte urbano el 5%.

Los autobuses urbanos de Valencia mantienen el precio del billetesencillo para 2013, pero incrementan en 50 céntimos el bono de diez viajes, mientras que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) sube un 3% el precio del TRAM de Alicante.

En el terreno fiscal, los usuarios que se compren una casa a partir del 1 de enero no podrán beneficiarse de la desgravación por vivienda y pagarán un IVA del 10%, seis puntos más que en el último ejercicio. Por contra, podrán afrontar el pago de sus hipotecas con un euribor en mínimos históricos.

En la Comunidad Valenciana, la Generalitat ha aprobado nuevos impuestos medioambientales que se concretan en un tributo propio que grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que sobre el medio ambiente ocasionan determinadas actividades y otro sobre la eliminación de residuos en vertederos.

Frente a estas subidas de precios, tasas e impuestos, las pensiones de menos de 1.000 euros se revalorizarán un 2% y el resto el 1%, mientras que los funcionarios verán congelados sus salarios. El salario mínimo interprofesional (SMI) se elevará un 0,6% y se situará en 645,3 euros al mes, frente a los 641,4 euros en los que quedó fijado para 2012.

En virtud del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014 firmado en enero por CEOE, Cepyme, UGT y CCOO, en 2013 la subida salarial media será del 0,6%.

EFE

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